Rechazamos que frente a la creciente lucha popular, el gobierno de derecha de Ollanta Humala aplique una mayor represión, atentando contra las vidas de estudiantes, trabajadores y campesinos por el solo hecho de exigir el respeto a sus derechos fundamentales. Esto es parte de sus planes que desenvuelve en desmedro de la clase y el pueblo. Dentro de sus planes económicos, desenvuelven el plan de nueva acumulación originaria; al cual las reformas que imponen a rajatabla sirven a su desarrollo. La nueva ley universitaria, por ejemplo, no es más que un proyecto neoliberal acorde a los intereses de la gran burguesía que sirve al plan de nueva acumulación originaria y es parte de la profundización del capitalismo en nuestro país.
Por eso el pueblo expresa su rechazo, como vemos en el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruíz de Gallo en Lambayeque, que vienen protestando contra quienes le sirven a estos planes. Expresamos nuestra solidaridad con su justa lucha, y por la defensa de su derecho a la educación para los jóvenes de nuestro pueblo, así como defender la universidad y sus principios democráticos ante las pretensiones de aprobar una ley que representa la mayor privatización y mercantilización de la educación, viola derechos reconocidos por los estudiantes y demás estamentos universitarios, por lo que es inconstitucional, discriminatoria y persecutoria.
Exigimos cese la hostilización y represión contra los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruíz de Gallo, así como el retiro de los cargos por los que se les vienen denunciando a los cinco estudiantes detenidos bajo la acusación de usurpación agravada. Asimismo, nos solidarizamos con las justas luchas del pueblo y repudiamos, que como parte de la criminalización de las luchas populares se persiga a los dirigentes y luchadores sociales del pueblo, como es el caso de Walter Aduviri y otros diecinueve acusados más que participaron en las luchas contra la expansión minera en Puno, más conocido como el “Aymarazo”, rechazamos el pedido de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Puno que ha solicitado penas que van desde los 16 hasta las 28 años de prisión efectiva, imputándoles delitos como extorsión agravada, disturbios y estorbar el normal funcionamiento del transporte.
Consideramos que esto es parte del plan político macartista de persecución contra los comunistas, los marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento Gonzalo, contra los verdaderos demócratas, y todo aquel que se oponga al régimen, extendiéndose a las luchas populares. Llamamos al pueblo organizado a denunciar y rechazar la persecución política que desatan, aplicando más represión frente a las demandas del pueblo trabajador y explotado. Piensan que con ello detendrán el avance del camino del pueblo, sin embargo la ley del pueblo es cada vez más lucha porque solo así conquista sus derechos. Nos reafirmamos en seguir luchando por los derechos fundamentales y del pueblo, renovando nuestro compromiso de estar siempre junto al pueblo y sirviéndolo de todo corazón y con desinterés absoluto.
¡EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE NUESTROS ACTIVISTAS
Y LUCHADORES SOCIALES!
¡APOYAMOS LAS JUSTAS LUCHAS DEL PUEBLO!
¡ABAJO EL PLAN DE PERSECUCIÓN MACARTISTA DEL GOBIERNO DE DERECHA DE OLLANTA HUMALA!
¡SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTÍA GENERAL Y RECONCILIACIÓN NACIONAL!
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