PRONUNCIAMIENTO

¡ABAJO EL INCONSTITUCIONAL 

PROYECTO DE LEY DE “MUERTE CIVIL”¡

En un contexto de persecución política atizada por el adelanto de la campaña electoral y la creciente lucha de nuestro pueblo por sus derechos fundamentales,el gobierno de derecha de Ollanta Humala pretende aprobar en el Congreso una ley, a todas luces inconstitucional para inhabilitar en sus derechos civiles y políticos de manera perpetua a las personas sentenciadas por determinados delitos que no hayan cumplido con pagar la reparación civil fijada en la sentencia, apuntando contra algunos condenados por el llamado delito de “terrorismo” que militan en nuestras filas para, como ha dicho el abogado del Estado: “Impedir que el MOVADEF vuelva a presentar candidatos”. Así pues, sería una ley con nombre propio dirigida contra nosotros que condenamos y rechazamos. Temen nuestra participación en las contiendas electorales porque saben que el pueblo nos apoya pues, somos quienes en los dichos y en los hechos defendemos consecuentemente los derechos fundamentales y del pueblo. No les ha bastado con negarnos nuestra inscripción en el JNE y despedir a los maestros procesados o sentenciados por “terrorismo”, sino que ahora promueven la “muerte civil” para negar los derechos fundamentales y constitucionales de participación política y a trabajar. Cabe señalar que en muchos casos el monto de la Reparación Civil que fija el Poder Judicial para casos de “terrorismo” está guiado por un objetivo persecutorio, pues las sumas son impagables por ser astronómicas. En consecuencia, el que no pueda pagar la reparación civil por no tener dinero no podrá postular en una elección ni podrá trabajar en el Estado, esto es, simple y llanamente discriminación de las personas por su posición política y su  condición económica lo cual está prohibido por la Constitución, pero principalmente es persecución política que apunta contra nosotros con la intención de extenderla a otros.

La pretendida ley de “muerte civil” no sólo atentaría contra nuestro derecho a la participación política establecido en los artículos 31° y 35° de la Constitución y el derecho a trabajar consagrado en el artículo 22° de  la misma, sino que violaría flagrantemente derechos fundamentales amparados por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, tratados internacionales que el Perú ha suscrito y que por tanto se encuentra obligado a acatar y cumplir y en los cuales está expresamente prohibida la supresión o limitación de los derechos fundamentales.

Consideramos que el proyecto de ley de “muerte civil” que se pretende aprobar forma parte de todo un sistema legislativo de leyes “antiterroristas” aplicadas desde 1980 propias de dictaduras abiertas, regímenes “especiales” típicos en situaciones de emergencia, restrictivos de derechos fundamentales de la persona, por ejemplo recorte de beneficios y ampliación de penas que de un inicio se agravaron con negación total de beneficios penitenciarios y cadena perpetua que en 1992 con el fujimorismo se concibió como un arma de guerra contrasubversiva: juicios sumarios en tribunales militares, jueces sin rostro, cárceles especiales militarizadas, prisión militar en isla San Lorenzo y en la Base Naval del Callao, con aislamiento perpetuo e incomunicación (sin ley)y pese a que el juez ha determinado el traslado a un penal civil hoy se sigue teniendo a seis prisioneros políticos en una prisión militar.

Así hasta hoy, “leyes especiales” tanto ley general como ley de procedimientos y ley de ejecución especial que niegan derechos fundamentales, tal es el caso del Doctor Abimael Guzmán Reinoso quien está ya 21 años en situación de aislamiento absoluto. Todo esto, así como la draconiana ley de “muerte civil” que se pretende aprobar forman parte del DERECHO PENAL DEL ENEMIGO introducido en nuestro país con la legislación antiterrorista. En conclusión, así como en tiempos de la guerra interna: desataron persecución y muerte, hoy desenvuelven persecución política dentro y fuera de la prisión y contra el MOVADEFaplican proscripción política, lo cual repudiamos.

Finalmente, reiteramos una vez más nuestra posición de servir a nuestro querido pueblo de todo corazón, luchando hoy por la defensa de sus derechos fundamentales y persistiendo en nuestra brega por ¡Solución Política, Amnistía General y Reconciliación nacional! que beneficia al pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto.

¡SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTÍA GENERAL 

Y RECONCILIACIÓN NACIONAL¡

¡AMNISTÍA GENERAL PARA CIVILES, POLICIAS 

Y MILITARES!

¡DEFENDER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

DEL PUEBLO!

¡APOYAMOS LAS LUCHAS DEL PUEBLO¡

¡POR NUESTRO DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA¡

¡ABAJO LA PROSCRIPCIÓN POLÍTICA DEL MOVADEF!

        Lima, 04 de octubre de 2013                                                          MOVADEF